30 Jul Obligaciones sobre huella de carbono: ¿qué exige el nuevo decreto a las grandes empresas del transporte?
Desde el 12 de junio, las grandes empresas están legalmente obligadas a calcular su huella de carbono y a elaborar un plan de reducción de emisiones. Este nuevo decreto representa un paso firme hacia la descarbonización empresarial y afecta especialmente a compañías con actividad logística o de transporte con un volumen elevado.
¿Qué empresas están obligadas a calcular su huella de carbono?
El nuevo decreto establece que deberán calcular anualmente su huella de carbono aquellas empresas obligadas a presentar información no financiera. En concreto, se trata de organizaciones privadas que superen los 500 empleados, o que, durante dos ejercicios consecutivos, reúnan al menos dos de los siguientes criterios: una plantilla media de más de 250 personas, una cifra de negocio superior a 40 millones de euros o unos activos totales por encima de 20 millones de euros.
Estas empresas deberán publicar de forma accesible y gratuita tanto la huella de carbono como el plan de reducción a través de su página web. Además, deberán integrar esta información en el informe de sostenibilidad correspondiente, cumpliendo así con los requisitos legales de transparencia ambiental. El objetivo de la norma es que las organizaciones adopten una actitud activa frente al cambio climático, visibilizando el impacto de su actividad y fomentando medidas concretas para su disminución. Esta exigencia no es exclusiva del sector transporte, pero afecta especialmente a las grandes operadoras logísticas por su alto nivel de emisiones.
Requisitos del plan de reducción y aspectos voluntarios
Además del cálculo anual, las empresas obligadas deben elaborar un plan de reducción que incluya, al menos, un objetivo cuantificado en un horizonte temporal de cinco años. Este plan debe detallar las medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo, y ser coherente con la transición hacia una economía sostenible, en línea con el Acuerdo de París y la meta de neutralidad climática para 2050.
Cabe destacar que, a pesar de estas nuevas obligaciones, el registro en la base nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO₂ no será obligatorio a partir de 2026 para las empresas privadas. Este registro seguirá siendo voluntario, aunque puede representar un valor añadido en términos de reputación corporativa y compromiso ambiental. La norma busca equilibrar exigencia y flexibilidad, impulsando la acción climática sin imponer barreras innecesarias a la actividad empresarial.
En resumen, el decreto supone un avance en la responsabilidad ambiental empresarial, especialmente para las grandes empresas del transporte. Calcular la huella de carbono y contar con un plan de reducción ya no es opcional, sino una obligación que marca el rumbo hacia una actividad económica más sostenible y comprometida con el entorno.